Efectivamente, la CIDH ha callado ante la monstruosa ola de crímenes contra comunicadores sociales en aquel hermano país, sometido hasta el día de hoy a un gobierno surgido de un golpe militar maquillado bajo una máscara legalista.
Los periodistas Bayardo Mairena y Manuel Juárez son las víctimas más recientes del intento de hacer desaparecer la verdad bajo balas asesinas.
Desde el 1° de marzo han sido asesinados a tiros en Honduras al menos cinco periodistas. Joseph Ochoa abrió la cuenta fatal ese día, ultimado en un atentado en Tegucigalpa. El 11 de marzo mataron a David Meza, periodista de Radio El Patio y corresponsal de Radio América y del noticiario de televisión Abriendo Brecha, ambos de Tegucigalpa. El día 15 fue asesinado Nahum Palacios, de Radio Tocoa. Y ahora le llegó el turno a Mairena y Juárez.
Frente a este panorama desolador, la CIDH guarda un silencio cómplice. Prefiere, en vez de la defensa de la vida humana y del ejercicio, sin riesgo de muerte, de nuestra profesión, sumarse al coro de aquellos que dictaminan que el libre ejercicio de la libertad de expresión está exento de la responsabilidad por lo que se dice. De esta forma, las increíbles afirmaciones de Zuloaga en la reunión de medio año de la SIP de que el presidente Chávez habría ordenado disparar contra los marchistas del 11 de abril de 2002, son ignoradas o minimizadas en su monstruosidad, convirtiendo asombrosamente tal vilipendio en “un acto de libertad de expresión”,convertida así en patente de corso para mentir descaradamente.
El ejercicio de la libertad de opinar conlleva, irrenunciablemente, el deber de opinar con responsabilidad. Nadie puede sustraerse a este principio.
