Dr. Ramón Carrillo
Dr. Jorge Rachid |
Dichos aportes que no nacen de un repollo, sino que es salario diferido solidario incluso a los fines de atención de nuestro mayores, constituyen un caso único en el mundo que debe ser derrotado dado que imprime otra lógica a los sistemas de financiamiento habitual en los planes de salud que plantean el BM (Banco Mundial), la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la OPS (Organización Panamericana de la Salud) que, basando sus planteos eficientistas en los parámetros tecnocráticos, intentan socavar los mecanismos de atención de la enfermedad de casi la mitad de la población argentina con cobertura por parte de las obras sociales.
Desde la dictadura militar del ‘76 a los despojos de los años ‘90, el sistema solidario de obras sociales sufrió el embate sin pausa del Banco Mundial (que curiosamente tiene como nombre real el de Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento pero que nada reconstruye y que mejor no fomentara la mayor parte de lo que impulsa), que además de lesionar el sistema endeudaba a la Nación, permitiendo un marco de corrupción donde el dinero supuestamente prestado para mejorar la atención médica iba siendo deshilachado en un entramado de consultoras, convocadas al efecto, como las llaves del financiamiento. En ese tortuoso camino hasta un 20 por ciento y a veces más del capital ingresado quedaba en manos del funcionariado de turno a través del armado de las carpetas correspondientes. Este es un tema sabido y tolerado que alimentó demasiados polos de centralización de políticas sanitarias que persisten hasta nuestros días. Fundaciones, institutos, centros y planes de capacitación financiados por los organismos internacionales fueron moldeando una dirigencia que, repitiendo esquemas internacionales y exhibiendo maestrías del exterior como garantía de sabiduría, se fue escalonando en el funcionariado de los organismos de la salud.
Desde la misma dictadura militar hasta el 2003 el esquema del Banco Mundial impuso a través del financiamiento extorsivo, una suma de debilidades al sistema solidarios prestacional como por ejemplo disminuir los aportes para “crear empleo” y recaudarlos por la AFIP, hasta la privatización previsional con la ley 24.241 de AFJP del 94 y la ley 24.557 del 96, pasando por la desregulación, decreto 7 del 93, imponer el gerenciamiento del PAMI en el 95 y la desregulación de las obras sociales con el decreto 446/00. Ahora con la nueva ley de prepagas se repara injusticia de sus afiliados, descremados del sistema solidario pero se afirma su intrusión de lucro en la solidaridad. Esto crea en las obras sociales y el hospital público todas las desventajas, llevando de concretarse el sistema nacional de seguro de salud, a una medicina para pobres y otra para ricos. Como sucedió en la educación pública con las escuelas Express financiadas por el mismo Banco, sucedió con las prepagas en salud. Esquema similar al que rige en otros países del continente, consolidando la injusticia social.
No se trata de juzgar a nadie en sus aptitudes individuales y su mirada del mundo pero es difícil que se pueda ejercer una acción transformadora que abra frentes de cambios en la industria farmaceútica, los paradigmas de fortalecimiento de la salud antes que la atención de la enfermedad, la centralidad del hospital público como eje del sistema nacional de salud, la complementación financiera de los subsistemas solidarios, la exclusión absoluta de los agentes privados de los sistemas solidarios y la modificación de los ejes centrales curriculares en la formación médica desde parámetros dictados por las políticas de los organismos internacionales.
Es también cierto que no todas las batallas se pueden dar al mismo tiempo. Es absolutamente cierto que desde el 2003 a la fecha se ha realizado más acción por la salud desde la obra pública, que desde el mismo sector salud. El fortalecimiento de la obra pública en agua corriente, cloacas y viviendas, la creación de cinco millones de puestos de trabajo, la incorporación de dos millones y medio de nuevos jubilados al sistema previsional, la asignación universal por hijos y otros planes que ampliaron los derechos sociales han contribuido de manera ejemplar al fortalecimiento de la salud del pueblo argentino. No fue esto seguido por el sector salud que siguió en la norma del “compre hecho” de los planes externos, la salud como sinónimo de atención de la enfermedad, el fortalecimiento de la industria farmacéutica (la misma que roba conocimientos a los pueblos originarios y los patenta), el freno de la investigación y desarrollo en los laboratorios públicos de medicamentos pese al esfuerzo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva repatriando científicos argentinos y del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) aportando esfuerzos tecnológicos a la RELAP (Red Latinoamericana de Areas Protegidas) desde su inicio. Pero sin dudas el esquema preponderante fue el marco organizativo y de planificación de los organismos internacionales.
No se pudo reparar la fragmentación producida por el neoliberalismo que propició la fractura y la diáspora de los sistemas de salud, provincializando y municipalizando, con cadenas de recursos complejas y falta de planificación estratégica en el seno de la comunidad. Los indicadores pasaron a ser desiguales desde la expectativa de vida al nacer hasta la mortalidad infantil. Hasta para nacer hay que tener suerte ya que Tartagal (Salta) no es lo mismo que la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), ni Buta Ranquil (Neuquén) similar a Córdoba. Se rompe así con una de las premisas básicas del compromiso constitucional del artículo 14 bis y, peor aún, se posterga una vez más la puesta en marcha de una planificación solidaria, estratégica, basada en el sector público y de obras sociales sindicales, provinciales y PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), que recupere el concepto de que la salud es del pueblo no de los médicos ni de los planificadores.
El único actor que puede dar contenido y continuidad a la planificación de salud es el pueblo organizado desde la comunidad, que conoce y vive las prioridades sanitarias y que determina los tiempos, además de controlar la prestación. La Comunidad Organizada es la llave del sistema sanitario argentino, por cultura, por historia, por compromiso y porque ya fuimos capaces de dar respuestas sanitarias a las necesidades del pueblo.
Muchos sanitaristas mencionan al maestro Ramón Carrillo para embestir contra el sistema de obras sociales, haciendo hincapié en el sector público hospitalario, aunque siendo muchos de ellos funcionarios no sólo no pudieron paliar el déficit del sector público, ni superar los vicios estructurales de las obras sociales, pese a manejar el ente regulador de las mismas, sino que los hospitales que brindan servicios de calidad en función de las necesidades de su comunidad lo hacen por iniciativas propias de los trabajadores de la salud antes que por los planes, a veces ampulosos e intrascendentes, emanados del ministerio respectivo.
Sin dudas un proceso como el neoliberal de 36 años de cultura dominante ha penetrado profundamente también en el sector salud, en especial en aquellos que creyeron que la globalización y la modernidad podían dar respuestas a las necesidades del pueblo. Como decía Arturo Jauretche el país se mira “ de adentro para afuera o de afuera para dentro” cuando describía la “tilinguería“ del medio pelo argentino. Nada más cercano al coloniaje cultural que la aceptación acrítica de los planes del gobierno global en el tema salud. El BM, la OMS y la OPS son sus herramientas y eso está muy lejos de Carrillo y el pensamiento nacional.
Dr. Jorge Rachid
(Correo Electrónico)
1 comentario:
Digno de ser leido!
Abrazo, Doctor.
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